EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA

Santiago Ureta Domingo en representación de la Asociación de Música en Internet (AMI) con domicilio en la C/ Alcántara núm. 59 - 3º D - 28006 Madrid.

Victor Domingo Prieto en representación de la Asociación de Internautas (AI) con domicilio en C/ Telémaco 12, 1º 9 - 28027 Madrid

Hemos tenido conocimiento a través de diversos medios de comunicación de que el Ministerio de Cultura y las entidades de gestión de derechos de autor han acordado la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, conocida en algunos medios como “Ley de Internet”, con la finalidad de establecer la responsabilidad a los prestadores de servicios de intermediación (acceso, alojamiento, correo, etc.) por los “contenidos ilícitos que fluyan por sus servidores”.

El acuerdo mencionado se ha realizado en un marco de negociación en el que no han participado los representantes del sector de las empresas de difusión de música, los representantes de los proveedores de acceso a Internet ni los representantes de los usuarios, que hemos tenido noticia a través de los medios de comunicación. Mucho menos han tenido noticia ni conocimiento los agentes sociales y demás entidades implicadas en el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Nos referimos a colectivos que representan la totalidad del sector de Internet, esencialmente tecnológico, y de la Sociedad de la Información, que se han visto involucrados en una reforma que se ha acordado sin su participación, ni siquiera de ese Ministerio de Industria, y que les afecta de forma muy grave directamente.

Las entidades de gestión de derechos de autor y el Ministerio de Cultura no representan al sector de Internet ni a la Sociedad de la Información. No se puede dejar al capricho de la industria discográfica, de sus representantes y gestores la adopción de medidas que afectan directamente al núcleo de la actividad de empresas privadas, como son los proveedores de acceso a Internet, y además a la privacidad de los usuarios de ésta, cuando no incluso a derechos fundamentales como es el secreto de las comunicaciones.

La negociación se ha llevado a cabo con un absoluto secretismo, arbitrariedad, de espaldas de los Agentes que representan a la Sociedad de la Información (prestadores y usuarios) e incluso a espaldas de un Ministerio como el de Industria en una materia que pretende introducir la sospecha sobre toda la actividad llevada a cabo en Internet, pretendiendo que se fiscalice a priori so pena de poder incurrirse en la responsabilidad pretendida que únicamente podría evitarse introduciendo la censura previa y cercenando el secreto de las comunicaciones, algo que ninguna entidad implicada en la Sociedad de la Información está dispuesta a permitir y que puede, de llevarse a cabo conforme pretenden las entidades gestoras de derechos de autor y el Ministerio de Cultura, dar al traste definitivamente con cualquier libertad individual y de empresa en el marco de la Sociedad de la Información.

Es por todo ello que quienes suscriben emplazan a ese Ministerio a poner fin de inmediato a semejante despropósito, contrario incluso a la Directiva sobre comercio electrónico, reuniéndose con todos los sectores afectados a fin de devolver a la cordura a quienes pretenden devolvernos a tiempos pretéritos y felizmente superados de censuras previas y dictadura o, de persistir en sus intentonas, mostrar el rechazo unánime de todos los sectores afectados e implicados en el desarrollo de la Sociedad de la Información a quienes se nos quiere criminalizar y hacer responsables por actos ajenos.

En virtud de lo expuesto, quienes suscriben a V.E.,

SOLICITAN que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las precedentes manifestaciones respecto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Cultura y las entidades de gestión de derechos de autor para reformar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico en el sentido indicado en el cuerpo del presente escrito, se sirva convocar de inmediato a todos los sectores implicados a fin de mostrar públicamente el frontal rechazo de semejantes intentonas de acabar con la lógica de un Estado de Derecho y de cercenar derechos y libertades fundamentales, así como la innecesariedad de reformar dicha Ley en el aspecto pretendido desde el Ministerio de Cultura por cuanto establece la cabal responsabilidad de cada uno por sus propios actos.

Madrid, 4 de Febrero de 2005.