A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE CULTURA

Santiago Ureta Domingo, en nombre y representación de la Asociación de Música por Internet (AMI), asociación sin ánimo de lucro con domicilio social en la calle Alcántara nº 59-3º, 28006Madrid, tal y como acredito mediante los Estatutos rectores de esta asociación que presido, legalmente aprobados, cuya copia adjunto, ante V.E. comparezco y, como mejor proceda, DIGO:

1º. Que se ha tenido conocimiento de que se encuentra en trámite de elaboración el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, sin que se haya dado traslado de su contenido a la asociación que presido cuyo objeto guarda inmediata relación con las cuestiones tratadas en el anteproyecto de Ley.

2º. Que Asociación de Música por Internet agrupa casi 400 asociados, incluyendo personas físicas y jurídicas, vinculados a la difusión de música por Internet. La inmensa mayoría de los asociados son particulares o empresas de nacionalidad española cuyo objeto, desde hace mucho tiempo, es la comunicación de música a través de Internet, respetando escrupulosamente la Ley.

3º. Que, habida cuenta del objeto de la asociación a la que represento, quiero, en este acto, realizar en su nombre las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- Alcance del borrador de anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se dice, nominalmente, que el anteproyecto de Ley pretende adecuar el texto refundido de la Ley vigente a lo previsto en la nueva Directiva Comunitaria.

Sin embargo, no hace sólo eso. De hecho, hay determinados preceptos que implican introducir más inseguridad jurídica a las entidades integrantes de esta asociación y, al propio tiempo, aportan más oscuridad al sistema.

En efecto, los artículos 108 y 109 atribuyen a Artistas, Intérpretes y Ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar la comunicación o la distribución de sus derechos. Nada se dice en cuanto a su obligación de negociar con los usuarios.

El artículo 157 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual impone la obligación de contratar con los usuarios, exclusivamente, a las entidades de gestión. Si se otorgan derechos directos de autorización a los artistas, intérpretes y ejecutantes sin imponerles, al propio tiempo, la obligación de contratar con los usuarios, se va, sin duda, a un mercado verticalizado, nada transparente y que provoca situaciones de gravísima discriminación.

No se puede dejar al capricho del artista, del intérprete o del ejecutante la comunicación pública o la transmisión de su derecho. Debe exigirse que ofrezca, al conjunto de los usuarios, sus derechos y condiciones iguales, transparentes y no discriminatorias. En caso contrario, se introduce un elemento de arbitrariedad en la comunicación pública de música a través de Internet que es una actividad especialmente protegida por la normativa comunitaria y estatal sobre Sociedad de la Información, y de especialísimas connotaciones culturales, en cuanto contribuye de forma muy destacada en la difusión social de la música.

Lo propio cabe decir respecto del artículo 115 apartado 2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que pasa a expresar que “corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de los mismos”. Nada se discute respecto de quién es el titular del derecho, pero el problema se suscita cuando el productor puede, caprichosamente, autorizar en unos casos la reproducción y en otros, idénticos desde el punto de vista fáctico, denegarla.

Si se desea, efectivamente, que exista una libre prestación de servicios a través de Internet, se deben establecer, necesariamente, pautas objetivas, transparentes y no discriminatorias.

Al menos, cabe imponer a los productores la misma obligación que a las entidades de gestión de intentar la negociación con los usuarios.

SEGUNDA.- Debe recogerse una previsión legal que imponga a la entidad de gestión o al productor que diga gestionar un determinado repertorio, la obligación de probarlo.

La grave inseguridad jurídica que aflige a todas las empresas de medios y, especialmente, a los que prestan sus servicios a través de Internet, deriva de que las entidades de gestión o los productores dicen gestionar unos determinados derechos, sin acreditarlo de ninguna manera.

Es necesario que las entidades titulares de los derechos faculten a quienes desean atribuirse su representación para actuar en su nombre.

Por ello, se sugiere que el artículo 115 del texto refundido de la Ley exprese, en su párrafo segundo, lo siguiente: “el productor deberá acreditar, de manera fehaciente, su titularidad respecto de los derechos que se incluyen en su repertorio”. Esa representación no debe simplemente presumirse.

Una previsión idéntica debe preverse en el artículo 147 del texto refundido de la Ley que recoge los requisitos de actuación de las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley.

TERCERA.- Asunción de las alegaciones formuladas por la Asociación de Internautas (AI) respecto del contenido de la Ley.

La asociación a la que represento se solidariza con las alegaciones formuladas por la Asociación de Internautas (AI) respecto del borrador de anteproyecto de Ley y, al propio tiempo, solicita que se tengan asumidas por ella.

CUARTA.- Necesidad de la existencia de ventanilla única.

A los usuarios de música a través de Internet no se les debe imponer que deambulen por las oficinas de las distintas entidades de gestión o por los despachos de los distintos productores, pidiendo árnica o pidiendo diálogo. En muchos casos, este diálogo, sin más, se deniega arbitrariamente.

Se quiere que se establezca, con claridad y por la Ley, un sistema de ventanilla única que permita la interlocución única para el uso del repertorio de derechos afectados sin que sea precisa la visita o la negociación con un conjunto, muchas veces indeterminado, de entidades de gestión o productoras de fonogramas.

En virtud de lo expuesto, a V.E.

SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito y por hechas las precedentes alegaciones respecto del borrador de anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual incorporando al mismo las modificaciones que se proponen.

Es justicia.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.